Diversos organismos, entre los que destacan Amnistía Internacional, Aprodeh y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, han mostrado preocupación debido a que la reforma de la ley APCI es un retroceso y una amenaza a la libertad de asociación y la lucha contra la corrupción.
El pleno del Congreso de la República, aprobó con 82 votos a favor, la modificación de la ley 27692, que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Dicha aprobación ha generado diversas reacciones, ya que esta podría afectar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el Perú. Mientras algunos sectores respaldan dicha reforma, diversos colectivos y organismos defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por los posibles impactos en la sociedad civil y la cooperación internacional.
La ley que ahora debe ser promulgada o, en su defecto, observada por el Poder Ejecutivo, establece sanciones estrictas para las ONG’s que financien actividades consideradas como una amenaza al orden público, la propiedad privada, la seguridad ciudadana, la defensa nacional o el orden interno. Por lo que los organismos de derechos humanos consideran que la reforma de esta ley oculta un grave atentado a la libertad de asociación, además de afectar a sectores claves, como la educación, la salud y la lucha contra la corrupción.
Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación y rechazo a la reforma, advirtiendo que refuerza el control del Estado por sobre las ONG’s y podría dar lugar a restricciones arbitrarias y censura. Asimismo, señala que, al calificar como una falta muy grave el uso de fondos para respaldar o asesorar acciones legales contra el Estado peruano, la norma dificulta el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
“Con esta ley se obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas de diferentes vulneraciones de derechos en Perú, como la represión estatal, la contaminación ambiental o la violencia machista que, en el pasado, han logrado acceder a la justicia con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil”, señaló Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) ha mostrado su rechazo categórico a la ley aprobada, mencionando que esta ataca a las víctimas y silencia a las ONG’s que históricamente han apoyado a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por lo que, según Aprodeh, esta ley representa un atropello a la libertad de asociación y un claro intento de debilitar a las organizaciones que han sido clave en la búsqueda de justicia, verdad y reparación.
Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha hecho público también, su enérgico rechazo ante la aprobación de esta ley por parte del Congreso, ya que consideran que la nueva norma significa un grave retroceso democrático, ya que establece e impone un control indebido sobre las organizaciones de la sociedad civil y pone en peligro las libertades consagradas en la Constitución. Para la CNDDHH, esta ley no promueve la transparencia, sino que “pretende acallar las voces críticas que fiscalizan el accionar del Estado y defienden a los sectores más vulnerables”, por lo que se convierte en un obstáculo para la defensa de los derechos humanos.
