Tras un extenso proceso judicial que incluyó 175 audiencias, el testimonio de más de 100 testigos y la presentación de más de mil pruebas documentales, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional ha impuesto una sentencia de 20 años y seis meses de prisión al expresidente Alejandro Toledo Manrique. El fallo se dictó en el marco del proceso por concurso real de delitos de colusión y lavado de activos, vinculado al caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
La Sala Penal, presidida por la jueza Zaida Pérez e integrada también por los magistrados Inés Rojas y Richarth Quispe, determinó que Alejandro Toledo se coludió con particulares, entre ellos la constructora brasileña Odebrecht, para asegurar la adjudicación de la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur. Según el fallo, Toledo recibió un soborno de 35 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht en la concesión de estas obras, lo que causó un significativo perjuicio económico al Estado peruano.
Durante el juicio, se estableció que Alejandro Toledo utilizó a su amigo Josef Maiman como intermediario para recibir la coima. Maiman, a través de empresas creadas para este fin, gestionó la recepción de los fondos provenientes de Odebrecht. Las declaraciones del ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y del propio Maiman, fueron claves para confirmar este esquema, complementadas por pruebas documentales como transferencias de dinero y análisis periciales.
Jorge Barata testificó que Toledo, incluso después de dejar la presidencia, continuaba llamándole por teléfono para exigir el pago del dinero acordado. Estas comunicaciones fueron presentadas como evidencia en el proceso judicial, respaldando la participación directa del expresidente en las negociaciones ilícitas.
En el mismo fallo, el tribunal impuso penas adicionales a otros involucrados. Sergio Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Font Quevedo, exintegrantes del comité Proinversión, fueron sentenciados a nueve años de cárcel por el delito de colusión, debido a que convalidaron las acciones ilícitas promovidas por Toledo.
Por su parte, el empresario José Fernando Castillo Dibós recibió una condena de 14 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, al participar en el esquema de corrupción vinculado a la adjudicación de la obra.
El tribunal ha fijado una reparación civil de 1375 millones de soles y 463 millones de dólares, que deberán ser pagados de forma solidaria por los declarados culpables, como compensación por los daños causados al Estado peruano. Este monto incluye la recuperación de los fondos desviados y los intereses generados.
La lectura integral de la sentencia, que incluirá todos los detalles del fallo, se realizará el próximo 31 de octubre a las 10:00 a.m. en una audiencia pública. Las partes implicadas y sus representantes legales tendrán la oportunidad de apelar la decisión, aunque el tribunal ha enfatizado que el proceso se llevó a cabo respetando las garantías del debido proceso.
