La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este martes, en segunda votación, un polémico proyecto de ley que concede amnistía a efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros de los Comités de Autodefensa implicados en delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Esta decisión ha generado una fuerte indignación en sectores de derechos humanos y organizaciones sociales, al considerar que abriría la puerta a la impunidad en casos de graves violaciones cometidas en ese periodo.
Con 16 votos a favor y 11 en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación el proyecto de ley 7549, que plantea una amnistía para policías, militares y miembros de comités de autodefensa que cometieron violaciones a los derechos humanos entre los años 1980 al 2000. Esta norma fue respaldada solo por 16 congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú y Alianza para el Progreso que pertenecen a la Comisión Permanente; sin embargo, este acto podría afectar más de 750 casos de graves violaciones a los derechos humanos.
La norma beneficiaría a quienes se encuentren denunciados, investigados o procesados sin una sentencia firme, así como a sentenciados mayores de 70 años. Esto podría impactar directamente en casos vinculados a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, muchos de ellos en perjuicio de poblaciones campesinas e indígenas de las zonas más azotadas por la violencia terrorista.
Los promotores de esta ley, como el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, sostienen que se trata de una «reparación moral» hacia quienes combatieron al terrorismo, alegando procesos judiciales excesivamente largos y supuestas violaciones al derecho a un juicio justo. Sin embargo, estas justificaciones han sido fuertemente cuestionadas por organismos nacionales e internacionales, al considerar que se pretende cerrar procesos sin esclarecer plenamente los hechos ni establecer responsabilidades.
Por su parte, el congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, defendió su proyecto de ley de la amnistía, argumentando que muchos de los procesos judiciales carecen de pruebas y que es inadmisible que se mantengan juicios abiertos durante más de 30 años. A pesar de reconocer que se cometieron “excesos” durante el conflicto, Montoya descartó que haya existido una política sistemática de desapariciones o asesinatos por parte de los militares y policías, asegurando que los excesos cometidos fueron juzgados y castigados.
Críticas como la del congresista Alex Flores subrayan que la demora en los procesos judiciales no puede convertirse en excusa para encubrir crímenes graves ni para negar justicia a las víctimas. “No se puede premiar con impunidad a quienes están implicados en asesinatos de inocentes bajo el pretexto de errores del sistema judicial”, declaró.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, ha instado al Estado peruano a no aprobar esta iniciativa. En un comunicado reciente, recordó que el Perú tiene la obligación internacional de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y que las leyes de amnistía contravienen los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Igualmente, la congresista Ruth Luque comentó: “Con mi voto en contra, hoy la Comisión Permanente aprobó una ley infame: amnistía e impunidad total para militares y policías que cometieron crímenes durante los años de 1980-2000. Blindan asesinos, archivan investigaciones y pisotean a las víctimas y sus familias. No vamos a callar. No vamos a rendirnos. Nuestro compromiso es claro: seguiremos luchando con las víctimas hasta alcanzar justicia verdadera”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos mencionó que “la impunidad no oculta el delito, lo agiganta». Señaló además: “Esta ley viola sentencias internacionales y protege a violadores de derechos humanos, no a la democracia”. En esa misma línea, la abogada Valeria Reyes hizo énfasis en que las amnistías para graves violaciones de derechos humanos están prohibidas en Perú y en cualquier otro país. Son conductas graves que no se pueden beneficiar de la impunidad, no se puede dejar a las víctimas desprotegidas, se tiene que dar una decisión final que respete su derecho al acceso a la justicia y el derecho a la verdad.
Si bien el proyecto aún debe ser debatido por el pleno del Congreso, su avance representa un serio retroceso en la lucha contra la impunidad en el Perú y podría sentar un precedente muy peligroso para la protección de los derechos humanos en el Perú.
