La violencia homicida en Perú ha alcanzado niveles alarmantes. Desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte, el país ha registrado 4278 homicidios entre el 7 de diciembre de 2022 hasta el 11 de abril de 2025, lo que equivale a 857 días consecutivos con al menos una persona asesinada cada día, según datos del SINADEF.
Desde que Dina Boluarte asumiera la Presidencia del Perú el 7 de diciembre de 2022, cada uno de los 857 días de su gestión ha registrado al menos un homicidio. Las cifras obtenidas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), compartidas por el ingeniero y periodista Juan Carbajal y procesadas por el equipo de investigación de Heraldo 21, revelan una tendencia alarmante en la violencia letal que sacude al país.
Las cifras del año 2025 son realmente preocupantes. En lo que va del año se han producido 620 homicidios, un incremento del 19% respecto al mismo periodo del 2024. Este dato, convierte al primer trimestre del 2025 en el más violento, en comparación con los niveles ya críticos de los años anteriores. Prácticamente en la actualidad, 6 peruanos son asesinados por día y sucumben en las manos del crimen organizado.
La tendencia ascendente refleja una preocupante consolidación de la violencia como parte de la vida cotidiana en distintas regiones del país. Lima, Trujillo, El Callao, Piura, Ica y otras ciudades son el epicentro de una ola delictiva marcada por el sicariato, extorsión, enfrentamiento entre bandas criminales y femicidios.
Contrataque desde el “cuarto de guerra”
Dina Boluarte no se ha quedado de brazos cruzados y en el mes de marzo anunció una contraofensiva a las bandas organizadas a través de su “cuarto de guerra”. Una estrategia múltiple de los diversos órganos que integran el poder ejecutivo para combatir la alta criminalidad. Asimismo, han implementado medidas de “estado de emergencia” reiterativas en diversas zonas de Lima, pero lo cierto es que, pese a dichas medidas, no han logrado frenar este espiral de muertes.
«Ella (en referencia a Dina Boluarte), no está en un cuarto de guerra, sino está en un cuarto de ecos. Donde ella quiere escuchar, oír aquello que es positivo, pero desafortunadamente la realidad en el país no tiene nada de positivo… Sin seguridad no hay libertad, no hay el derecho a la vida, sin seguridad no es posible que los jóvenes vayan a la universidad. Lo que pasa es que tenemos un Estado desarticulado. La presidenta lejos de convocar a la fiscalía, lo ataca. La presidenta lejos de convocar al Poder Judicial, lo ataca…», menciona Walter Gutiérrez, Exdefensor del Pueblo.
Por su parte, Alberto Jordán, consultor en seguridad, se mostró crítico con Dina Boluarte: «Yo, como oficial, como teniente, viví en la época de la subversión y tuvo que haber una decisión política para que esto termine. Entonces, ¿qué nos falta? Decisión política. Yo creo que no ha dado la talla. Tiene un temor de levantar el teléfono y llamar directamente a las potencias mundiales que tienen la tecnología y decirles: ‘¿Sabe qué? Necesito ayuda, vengan’. Yo creo que en 48 horas vienen».
El Congreso de la República tiene mucha responsabilidad en toda esta situación, debido a que han aprobado una serie de leyes que benefician a organizaciones criminales, aunque por presión popular han retrocedido. En medio de este panorama, la población vive con miedo e incertidumbre. Mientras las autoridades priorizan el control político y sus intereses particulares, las familias sienten que han sido abandonadas a su suerte.
Especialistas señalan que esta situación refleja no solo el fracaso de políticas gubernamentales de contención de la violencia, sino también la ausencia de reformas estructurales en las instituciones que administran justicia y sancionan penalmente a los delincuentes, así como la prevención del delito y una reforma urgente de la Policía del Perú.
