En un duro golpe al Congreso de la República, el Tribunal Constitucional (TC) acordó declarar improcedente el escrito de ampliación del petitorio respecto a la interpretación del artículo 117 de la Constitución. Días atrás, algunos especialistas ya habían señalado que el TC no es un órgano consultivo, sino un ente resolutivo.
En la sesión de hoy 25 de octubre, los magistrados del Tribunal Constitucional del Perú, se pronunciaron sobre dos asuntos: El primero es que el colegiado decidió admitir la demanda (Exp. Nº 00003-2022-PCC/TC) en la que el Parlamento solicitó interprete las competencias que le corresponden al Congreso de la República, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú y, asimismo, determine si estas pueden ser limitadas y restringidas por el Poder Judicial, en el proceso de amparo planteado respecto del procedimiento de elección del Defensor del Pueblo y otros casos ligados a las competencias propias del legislativo. Sobre este punto, se correrá traslado al Poder Judicial para que cumpla con absolver la demanda en el plazo de ley, luego del cual se convocará a una audiencia pública del TC.
En un segundo punto, el TC se pronunció respecto a la improcedencia del escrito ampliatorio, para la interpretación del artículo 117 de la Constitución, el Tribunal señaló que no tiene competencias consultivas, y se pronuncia conforme al Código Procesal Constitucional, en un litigio o proceso que cumpla con los requisitos básicos: afectación concreta a atribuciones de otro poder del Estado e identidades de partes en conflicto, lo que no se cumple en el referido escrito ampliatorio.
Como se recuerda hace dos semanas, la Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el Presidente Pedro Castillo, refiriendo que el jefe de Estado sería parte de una organización criminal que se sustenta en el descubrimiento de la presunta obtención de beneficios económicos por nombramiento en puestos claves, licitaciones y el uso ilícito de la facultad presidencial.
Ante dicha denuncia de la Fiscal de la Nación, el abogado Benji Espinoza, abogado del Presidente de la República, presentó ante la Corte Suprema una tutela de derechos para anular dicha denuncia constitucional.
Lea la resolución del TC en este enlace.
