En un polémico fallo, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo y ordenó suspender las investigaciones fiscales y judiciales en curso contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra, hasta que concluya su mandato.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada, por mayoría, la demanda competencial (Exp. 00006-2024-CC/TC) presentada por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, disponiendo la suspensión de las investigaciones en curso contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra. Según la decisión, dichas investigaciones solo podrán continuar una vez que concluya el actual mandato presidencial.
El fallo establece que la Fiscalía de la Nación únicamente podrá realizar actos limitados de investigación —como la toma de declaraciones, pedidos de información y recepción de pruebas documentales—, siempre que estos no afecten la “dignidad del cargo” ni el ejercicio de la autoridad presidencial. Asimismo, dispone que cualquier proceso penal contra un presidente en funciones solo puede avanzar si se refiere a los supuestos contemplados en el artículo 117 de la Constitución; es decir, por casos muy restringidos.
La resolución también precisa que, de existir indicios de otros delitos, el procedimiento quedará suspendido hasta el final del mandato. Incluso después de dejar el cargo, el procesamiento de la presidenta deberá estar a cargo de fiscalías y jueces supremos, manteniendo un trato diferenciado frente a otros ciudadanos.
Este pronunciamiento genera gran preocupación, pues implica que durante todo el período de gobierno no será posible investigar de manera plena a la jefa de Estado, en casos por esclarecer sobre los presuntos crímenes cometidos durante las protestas sociales de 2022 y 2023, así como a las investigaciones por enriquecimiento ilícito vinculadas al caso ‘Rolex’, y por abandono de funciones señaladas en el caso ‘Cirugías’. En la práctica, la decisión del TC limita la capacidad de control democrático y coloca el peso de cualquier eventual sanción en procesos parlamentarios de acusación constitucional, los cuales han demostrado ser altamente politizados.
Diversos sectores advierten que esta interpretación del marco constitucional debilita la persecución penal y otorga un blindaje institucional a la presidenta y podría erosionar la confianza pública en la justicia y en las instituciones del país.
